El 12 de junio de 2018 Ucrania presentó el memorándum a la Corte Internacional de Justicia ( "CIJ de la ONU"), que confirma documentalmente las graves violaciones del derecho internacional por parte de la Federación de Rusia.

El Memorándum con las pruebas demuestra que la Federación Rusa violó el Convenio Internacional sobre la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de la Discriminación Racial.

El Memorándum de Ucrania demuestra el ataque  desfachatado y completo de Rusia contra los derechos humanos y el derecho internacional en el territorio de Ucrania, así como las enormes pérdidas sufridas a través de tales actos por la población ucraniana y por todo el mundo.

Al adherirse a la Convención Internacional sobre la Represión de la Financiación del Terrorismo, Rusia se comprometió a prevenir la financiación del terrorismo, sin embargo en Ucrania hace todo lo contrario. Los grupos armados ilícitos en Donbas cometieron y siguen cometiendo horribles actos de terrorismo contra la población civil, utilizando las armas de Federación de Rusia. Rusia violó  sus obligaciones internacionales con la indisposición de prevenir el suministro de estas armar por las autoridades y otros ciudadanos rusos a los grupos terroristicos.

El mes pasado, el 24 de mayo de 2018, el Equipo conjunto de investigación, en el cual participaron activamente los investigadores y fiscales ucranianos, tras examinar el derribo del avión del vuelo MH-17 de las Malaysian Airlines, estableció que el sistema de lanzamiento de cohetes “Buk”, que derribó el MH-17, había sido entregado a los grupos armados ilícitos en la región ucraniana de Donetsk por la 53ª brigada militar de defensa antiaérea de la Federación de Rusia a través de la parte de la frontera estatal ucraniano-rusa, que se encontraba fuera de la zona del control del gobierno ucraniano.

Utilizando la técnica antemencionada y otros métodos del apoyo ruso, dichos grupos atacaron al MH-17, llevando casi 300 vidas inocentes, comenzaron los bombardeos con misiles morteros de las ciudades ucranianas, incluyendo los ataques contra el puesto de control cerca de Volnovaja y los barrios residenciales de Kramatorsk, Mariupol y Avdiivka, así como colocaron las bombas que estallaron en varios desfiles patrióticos, clubes de discotecas populares y otros lugares pacíficos en el territorio de Ucrania.

De la misma manera, la Federación de Rusia se comprometió a erradicar la discriminación racial, pero hace lo contrario en Ucrania. En la Crimea, ocupada ilícitamente por Rusia, ésta apoyando la política de la discriminación racial y eliminación cultural, dirigida contra los grupos étnicos que se han atrevido a contrarrestar la tentativa de la anexión. Rusia destrozo los derechos políticos, civiles y culturales de estos grupos, en particular, mediante la prohibición del Medjlis, institución representativa de la comunidad tártara de Crimea; las desapariciones y asesinatos de militantes tártaros y ucranianos; la prohibición de asambleas culturales y persecuciones de los medios de comunicación, así como por la limitación de las posibilidades del estudio de los niños en su lengua materna.

Ucrania inició el tramite contra Rusia en la CIJ de la ONU en enero de 2017. En abril de 2017 la CIJ de la ONU aprobó su ordenamiento sobre las medidas provisionales, con el cual obligó a la Federación de Rusia a abstenerse de las limitaciones de los derechos de la comunidad tártara de Crimea de conservar sus instituciones representativas, incluso con el Medjlis, asegurar el acceso a la educación en el idioma ucraniano, así como a no agravar la acción que se encontraba en la tramitación de la Corte.

En su Memorándum Ucrania demanda que Rusia inmediatamente ponga fin a las violaciones de los convenios internacionales para la represión de la financiación del terrorismo y la eliminación de todas las formas de discriminación racial, así como pague una compensación financiera por el daño causado a Ucrania y al pueblo ucraniano en resultado de las acciones rusas.