El informe de la delegación no oficial turca sobre la situación de los tártaros tras la ocupación ilegal de la RA de Crimea por la Federación de Rusia, confirma claramente que Rusia transformó la península ocupada en un territorio de la arbitrariedad propia, permisión total e intolerancia.
A pesar de la presión severa que han experimentado los miembros de la delegación, el informe resultó objetivo e imparcial. Este documento aclara todos los problemas principales en el ámbito de protección de los derechos humanos, que han surgido tras la ocupación de una parte integrante del territorio de Ucrania por la Federación de Rusia, y refuerza los hechos expuestos en numerosos informes de las misiones internacionales de observación en el ámbito de la protección de los derechos humanos referente a la situación en Crimea.
Las citas confidenciales que tenían los miembros de la delegación con los representantes del pueblo tártaro de Crimea no sólo han confirmado el hecho universalmente reconocido por la comunidad internacional: en la RA de Crimea las autoridades de ocupación rusas realizan una política de escala y sistemática de la violación de los derechos humanos, incluso a base nacional. En el documento se fija claramente que los encuestados temen por su vida y seguridad a causa de amenaza que existe por parte de las llamadas autoridades de Crimea.
La significación importante tiene también la descripción de circunstancias en las cuales trabajaba la delegación. En particular, se señala la vigilancia permanente, presión, limitaciones en comunicación y desplazamiento, así como la creación de otros obstáculos por las autoridades de ocupación en la península para efectuar un monitoreo objetivo.
Un lugar clave en el informe ocupa la constatación de un ambiente formado para obtener ciudadanía rusa, prácticamente de manera forzada, y renunciar a la ciudadanía ucraniana a todos, sin excepción, los habitantes de la RA de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Se pone énfasis en que a los quien se niegue de obtener ciudadanía de la Federación de Rusia les amenaza la sevicia y privación de los derechos sociales elementales, confiscación de bienes y deportación. Al mismo tiempo, los habitantes de Crimea que no quieren renunciar a la ciudadanía de Ucrania, se someten a la discriminación permanente por parte de las autoridades de ocupación.
También se fija una serie de otras violaciones sistémicas de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluso restricciones a la libertad de expresión y hostigamiento de los periodistas, la creación de barreras artificiales en el acceso a la educación y el uso de la lengua materna, limitación de la libertad de reunión y de asociación, ausencia de un juicio justo, existencia de verdaderas amenazas para su vida.
Ucrania apoyó la iniciativa de la parte turca desde el inicio y proporcionó el apoyo correspondiente para su realización.
Estamos convencidos de que se debe dar un rechazo decidido a la línea definida de Moscú, en cuanto a la implantación forzada de la ciudadanía rusa en el territorio ocupado y destrucción de la identidad nacional de los tártaros de Crimea, ucranianos y representantes de otras nacionalidades. La situación actual exige una reacción inmediata y clara de la comunidad internacional. Junto con los representantes de otros estados exigimos decisivamente que la Federación de Rusia otorgue el acceso inmediato y garantice la presencia permanente de las misiones de organismos internacionales en la península, con el fin de monitorear la situación y clausurar amenazas a la seguridad y la vida de los habitantes.